Guatemala: RPDG exige que el Ministro López Bonilla debe ser removido de su cargo

– Posted on 13 septiembre, 2013Posted in: Comunicados, Defensa Tierra y Territorio, Denuncias, Derechos Humanos, MOVIMIENTOS SOCIALES

RED POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE GUATEMALA (RPDG)

Masacre en “San José Nacahuil”: Sea cual sea el origen, exigen que el Ministro López Bonilla debe ser removido de su cargo.

¡Ya basta de incapacidad absoluta en materia de seguridad! Después de meses de amenazas en contra de los pobladores de “San José Nacahuil” y de acciones policiales de amedrentamiento, la masacre del día 7 de septiembre es responsabilidad directa del Ministerio de Gobernación, por omisión, por complicidad o por acción. Las 11 vidas perdidas y los 15 heridos, como mínimo, se suman a los miles de víctimas del período del Ministro Mauricio López Bonilla.

Según información fidedigna, poco tiempo después de que una radio-patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) visitara uno de los negocios en los cuales se produjo la masacre, individuos con gorras pasamontañas llegaron a tres expendios en la población y dispararon indiscriminadamente con armas de grueso calibre. Como resultado de esa acción fueron muertos: Aurelio Surte Pixtún, Carlos Xocoxit Salala, Santos García Pixtún, Rolando Monroy Pixtún, Leonardo Agustín González Hernández, Santos Vicente Tepén Xuyá, Javier Tepén Soyoz, Santos Surte Pixtún, Inés Peinado Ortíz y Rigoberto Noj Tepén.

Mientras que los grandes medios de comunicación difundieronla versión irresponsable del ministro López Bonilla de que se trató de un ataque de pandillas –debido a que la población no cuenta con subestación de la PNC, por haber sido destruida en protesta por los pobladores hace años– el movimiento social del lugar, en su denuncia de la masacre afirma lo siguiente:

”San José Nacahuil es una de las comunidades del municipio de San Pedro Ayampuc en el departamento de Guatemala. En esta comunidad están asentado el pueblo Kaqchikel y el territorio es compartido con pobladores mestizos. San José Nacahuil del mismo modo que las demás de otras comunidades de este municipio y San José del Golfo, se han caracterizado por su fuerte resistencia a la construcción de la Mina “El Tambor”, proyecto minero Progreso Siete Derivada, propiedad de la empresa norteamericana KappesKassiday&Asocciates KCA y la empresa EXMINGUA.

Su oposición organizada les ha encaminado a mantener por más de 1 año, una toma pacífica de la carretera comunitaria que conduce de San José del Golfo a la entrada del proyecto minero, es en este punto que se encuentra la resistencia pacífica que se conoce con el nombre de “La Puya”. Está ubicada geográficamente a escasos 20 kilómetros de la ciudad de Guatemala.

La resistencia pacífica alertó que desde el 31 de agosto estaba siendo intimidada por Policía Nacional Civil, en radio-patrullas y un microbús que no son de la jurisdicción a esos municipios, de las comisarías No. 13, 14, 15 y 16. Esta no es la primera vez que esto ocurre, en ese mismo mes había ocurrido, la resistencia hizo una conferencia de prensa, entonces se retiraron. Sus representantes fueron a la Procuraduría de los Derechos Humanos con el secretario del director de la PNC, para que les explicara la razón de la presencia de la policía, ante esto el ‘el funcionario no pudo justificar la presencia irregular”.

La RPDG cree la versión de las víctimas y no la oficial apoyada por algunos medios de comunicación. En cualquiera de los casos, mantener a la población en el desamparo y permitir que unidades de la PNC intimiden a quienes se oponen al proyecto minero demuestran complicidad o tolerancia o participación de las fuerzas de seguridad en los actos de violencia. En cualquier parte del mundo, un hecho de esta naturaleza llevaría a la remoción inmediata del Ministro de Gobernación,

Teniendo en cuenta que este hecho es uno más en una larga serie de actos de violencia contra la población que defiende sus tierras, territorios y derechos, la RPDG exige:

a) Al Presidente Otto Pérez, la remoción inmediata del ministro Mauricio López Bonilla;

b) Al Congreso de la República, emitir una ley de emergencia nacional que suspenda todas las operaciones mineras y de construcción de hidroeléctricas en zonas de conflicto sociopolítico. No es aceptable que la utilización de los recursos hídricos y minerales se haga a costa de la sangre de nuestra población;

c) Al Ministerio Público, que investigue, con el apoyo de la CICIG, los hechos ocurridos el 7 de septiembre en San José Nacahuil, toda la línea de mando policial hasta el Ministro de Gobernación y las causas de este ataque en el lugar.

Finalmente, la RPDG pide el acompañamiento internacional y expresen sus muestras de condolencia a las familias y a la comunidad de San José Nacahuil, así como su solidaridad total a las poblaciones en lucha en Guatemala. Por este medio nos sumamos a todas las acciones del movimiento social que busquen la defensa de la vida y los demás derechos de la población, en general, y de los pueblos indígenas, en particular.

Guatemala y Estados Unidos, 9 de septiembre de 2013

Comité Ejecutivo de la RPDG

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Indígenas exigen investigación de masacre en Nacahuil, Guatemala

San José Nacahuil, una pequeña aldea cerca de Ciudad de Guatemala con mayoría de de habitantes de la etnia maya – kaqchikel, llegaron a los titulares internacionales [en] durante el pasado fin de semana después que hombres armados mataran a 11 personas y dejaran heridas a otras 28 el 7 de setiembre de 2013.

Los medios informaron que oficiales corruptos o pandillas son los principales sospechosos en las muertes que ocurrieron en dos cantinas y calles cercanas, aunque no se han hecho arrestos. Las autoridades confirmaron que sospechan que podría haber pandillas involucradas.

Sin embargo, las comunidades indígenas se oponen a la hipótesis y exigen una investigación, tal como lo afirma un comunicado de prensa [en, es] de la comunidad kaqchikel de San José Nacahuil y otras organizaciones:

A la comunidad Nacional e Internacional damos a conocer la masacre ocurrida el 7 de septiembre a las 23 horas, en contra de la comunidad Kaqchikel de San José Nacahuil del municipio de San Pedro Ayampuc.

San José Nacahuil, es una comunidad indígenas del pueblo Kaqchikel, tiene sus propias autoridades comunitarias, donde la presencia policial ha sido innecesaria. Es la única población maya y la comunidad más grande de San Pedro Ayampuc. Nacahuil se ha caracterizado por la defensa de su territorio ante las amenazas que han existido. Ejemplo de ello TRECCSA empresa de transporte de electricidad, que la comunidad no permitió su paso, actualmente es parte de la resistencia pacífica de la Puya en resistencia contra la empresa minera en el área.

El comunicado continúa:

Rechazamos rotundamente la declaración del Ministro de Gobernación en donde afirma que el móvil es de pandillas, lo cual es totalmente falso, y prematuro hacer afirmaciones sin tener elementos de investigación.

Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.

La prensa de la comunidad de San José Nacahuil informó que los líderes locales denunciaron un aumento en la presencia policial ya desde el 31 de agosto de 2013, y que sus alertas fueron ignoradas por autoridades de derechos humanos. Los informes locales también indican que la policía preguntó nombres y pidió documentos de quienes estaban en las cantinas apenas horas antes de ocurrida la masacre, lo que luego fue confirmado por el Ministerio del Interior.

En Twitter, el usuario @chapinesxGuate escribió:

Las versiones oficiales deben ser cuestionadas hasta que sean comprobadas. #SanJoséNacahuil #Guatemala

Y la reportera Claudia Palma compartió la siguiente foto dos días después de las muertes:

Vecinos de San José Nacahuil enfilan hacia el cementerio de la localidad @prensa_libre pic.twitter.com/prcodJhK0b

Como la investigación está pendiente y no se ha arrestado a ningún sospechoso, las comunidades esperan respuestas y el miedo se esparce.

Pero a los habitantes no les es ajena la violencia; el conflicto relacionado con la minería ha aumentado en complejidad, y la agresión ha progresado a crecientes amenazas y violencia física. Como la comunidad lucha por preservar su territorio libre de minería y militarización, culpar a las pandillas y a los traficantes de drogas supone una nueva amenaza a activistas rurales e indígenas, pues puede convertirse en una excusa para justificar actos de represión.

FrontLine Defenders [en] informó de dos casos recientes:

A primeras horas de la mañana del 10 de julio de 2013, se oyeron varios tiros afuera de la casa de la señora Telma Yolanda Oquelí Veliz del Cid líder del Frente Norte del Área Metropolitana (FRENAM), movimiento de miembros de la comunidad que defienden la tierra de la expansión de actividades mineras en San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala. El incidente ocurrió poco después de la muerte del defensor de derechos humanos, señor Santos Fidel Ajau Suret, cuando regresaba de participar en los plantones pacíficos de protesta contra un proyecto minero en la aldea La Puya.

Rights Action escribió más acerca de la resistencia de la comunidad [en] a la minería:

Desde marzo de 2012, miembros de la comunidad guatemalteca de las municipalidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc han exigido la cancelación de la licencia de explotación de la empress estadounidense Kappes Cassidy and Associates (KCA’s) en la región de la montaña Tambor (originalmente propiedad de la empresa minera canadiense Radius Gold Inc., que la operaba). En los últimos 16 meses, los participantes de los bloqueos de caminos de comunidad han endurecido la a menudo violenta y sistemática represión organizada por la empresa minera, miembros de la comunidad favorable a la minería y el gobierno.

International Peace Brigades publicó [PDF] un informe sobre resistencia pacífica en La Puya, comunidad que logró resistirse a la militarización y control policial de su aldea creando su propia fuerza policial [en].

Las organzaciones indígenas han presentado una petición [en] a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde sostienen que el gobierno guatemalteco apoya y protege abiertamente el sector minero aprobando leyes que benefician injustamente a la industria.

Rights Action expresó su preocupación [en] porque la violencia y represión para defender los intereses de las empresas mineras se está convirtiendo en la política a seguir en la región:

En los últimos años, solamente en Honduras, Guatemala y El Salvador ha habido múltiples asesinatos, numerosos ataques armados, violaciones en grupo y otros actos de represión contra ciudadanos locales, todos vinculados con empresas mineras candienses o estadounidenses: Hudbay Minerals, Goldcorp Inc, Pacific Rim, Tahoe Resources, Radius Gold, KCA Associates.

Es seguro que esta represión y violencia va a continuar, hasta que los ciudadanos estadounidenses pongan suficiente presión que pese sobre nuestros gobiernos, medios, empresas e inversionistas para empezar a hacerlos legal y moralmente responsables por estos daños y violaciones.

Escrito por: Reneta Avila y Gabriela García Calderón y publicado en http://es.globalvoicesonline.org

consulta directa: http://es.globalvoicesonline.org/2013/09/11/indigenas-exigen-investigacion-de-masacre-en-nacahuil-guatemala/

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Comunicado urgente ante la Masacre en Nacahuil

El 7 de septiembre a las 22:45 horas llegó una radio patrulla a las comunidad revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas, esa actitud no es usual en Nacahuil. Como a los 10 minutos después, llegan hombres armados a bordo de carro no identificado, causando una balacera en las principales calles de la comunidad, con mayor atención a los negocios que estaba abierto a esa hora. Dejando un saldo de 10 personas muertas, 17 personas heridas dentro de ellas 2 niñas de 11 años de edad que ya se encuentran salvo, y otras que han fallecido en los hospitales de la capital.

Curiosamente el recorrido que hicieron los asesinos es el mismo que realizo la Patrulla minutos antes, por lo que la población se pregunta ¿dónde estaba la policía cuando se dieron los hechos, o es que acaso solo crearon las condiciones y verificar que no haya personas armadas?

Exigimos que el gobierno exija el esclarecimiento de los hechos con investigación, ya que han perdido la vida personas trabajadoras y honorables en la comunidad. Que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar a la comunidad. Ya que la comunidad no ha querido presencia permanente de la PNC, por que anteriormente estaban y ocasionaron mayor índice de criminalidad en la comunidad.

Pedimos a las comunidades, organizaciones nacionales e internacionales su solidaridad con el pueblos Kaqchikel de San José Nacahuil por estos hechos de sangre que enluta a la comunidad.

COMUNIDAD KAQCHIKEL DE SAN JOSÉ NACAHUIL, RED DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, MOVIMIENTO DE MUJERES INDIGENAS TZ´UNUNIJA´, COORDINADORA 25 DE NOVIEMBRE, ALIANZA POLITICA SECTOR DE MUJERES MESOAMERICANAS EN RESISTENCIA POR UNA VIDA DIGNA.

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