Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pozol. 15 de julio.
Frente a un gobierno mexicano que primeramente negaba las multitudinarias manifestaciones de miles de maestras y maestros contra la autodenominada “reforma educativa”; que ha reprimido y asesinado a docentes y población civil por defender la educación pública; frente a un Estado que junto con cúpulas empresariales ha difamado y criminalizado a los educadores; el movimiento magisterial llega a los dos meses de huelga, que ha significado una ardua organización y lucha por la defensa de sus derechos laborales y de su subsistencia misma.
Las y los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con grandes esfuerzos han resistido 60 días de amenazas de despido, descuentos laborales, inclemencias del tiempo y una feroz campaña mediática en su contra, que han sabido contrarrestar con el diálogo y el apoyo de padres de familia y organizaciones sociales solidarias.
Primeramente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y actualmente en estados del centro y norte del país, l@s profesor@s han salido a las calles a exigir la abrogación de la “reforma educativa” mediante marchas, bloqueos, caravanas, brigadas de información y un constante trabajo de base con madres y padres de familia.
El Estado ha indicado que ahora si escuchará las propuestas de los profesores disidentes mediante el inicio de tres mesas de negociación, sin embargo, esto sucede después de que en Nochixtlán Oaxaca más de una decena de personas, entre pobladores y maestros, fueran asesinados a manos de la policía, cuando se manifestaban contra la encubierta reforma laboral hacia los trabajadores de la educación y en defensa de la educación pública.
No obstante, aunque el episodio de Nochixtlán y Viguera, en Oaxaca, ha sido el más doloroso para el movimiento magisterial, no ha sido el único. Antes del actual paro laboral, en Chiapas fue asesinado el profesor David Gemayel Ruíz Estudillo durante una protesta a la aplicación de la evaluación docente que tanto el magisterio como los especialistas, han calificado, con evidencias, como punitiva.
Pero no han sido sólo pérdidas de vidas humanas las que han teñido de violencia esta movilización, hay además una larga cadena de represiones a marchas y bloqueos que han resultado en múltiples maestras y maestros heridos o detenidos, así como la constante estrategia de intimidación y psicosis a las manifestaciones magisteriales, una violencia que no llama tanto la atención de los medios masivos en tanto no se tiña de rojo.
Así como la represión y el hostigamiento estatal hacia l@s maestr@s movilizados ha sido constante, también lo es el apoyo que éstos han recibido por parte de diversos sectores de la sociedad. Organizaciones indígenas, campesinas, de defensa de los derechos humanos, el sector salud, el movimiento religioso y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se han pronunciado y solidarizado moral y materialmente con la disidencia magisterial, pero sobre todo, ha sido la sociedad civil, madres y padres de familia, quienes han consolidado el apoyo más sólido del movimiento.
La sociedad de las principales ciudades ha sido el rostro más visible de ese apoyo, pero no son los únicos. Fuera de los reflectores, las comunidades sostienen a la maestra y al maestro en la lucha, con alimentos producidos en la comunidad o, sobre todo, con el acuerdo de permitir a sus maestr@s dejar momentáneamente las aulas, convencidos de que es una lucha justa. Esto no sería posible sin el arraigo que l@s docentes tienen en sus comunidades, la mayoría de ellas en condiciones de alta marginación.
El actual proceso de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SGOB) y la CNTE tampoco ha carecido de intentos del gobierno para desvirtuar tanto las negociaciones, como a los actores. Una campaña de simulación de diálogo entre el oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se intenta suavizar la crítica hacia la “reforma”; reposicionar actores políticos venidos a menos como es el caso de los titulares de ambas instituciones, así como eliminar a la CNTE como el interlocutor válido en la negociación del conflicto, es decir, minimizar la lucha magisterial pero sobre todo, invisibilizar la movilización y el hartazgo social hacia el gobierno, que se ha sumado a los reclamos del magisterio.
Sesenta días después de iniciado el paro laboral, la administración del ejecutivo federal Peña Nieto, como en el 2006 en San Salvador Atenco cuando gobernaba el estado de México , ha quedado evidenciada como una administración represora, que impone reformas neoliberales mediante el uso de la fuerza pública, siguiendo los lineamientos empresariales tanto de México (Mexicanos Primero), como de organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional).
A pesar de haberse iniciado el proceso de negociación entre la CNTE y la SGOB, esto no ha impedido que la campaña de difamación y criminalización del gobierno contra las y los educadores continúe. Millones de pesos del erario público son destinados a convencer mediáticamente a la población de las “bondades” de una reforma a la cual especialistas y diferentes sectores sociales califican como privatizadora y punitiva, más que educativa.
Dos meses después de iniciada la huelga del movimiento magisterial se mantiene y permea a una sociedad cansada de privatizaciones, despojos, explotación y represión contra comunidades y trabajador@s del campo y la ciudad. Ante un gobierno mexicano que le apuesta a la imposición y la violencia, de parte de la población surgen diferentes formas de organizarse y defender sus derechos, que ha encontrado en la lucha de las y los educadores, más coincidencias que diferencias.
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