La traición de los
acuerdos de San Andrés hizo ver que la política tradicional no es vía para que los pueblos puedan transformar sus demandas y añoranzas en fundamentos del Estado y actitudes del gobierno, sino que por lo contrario, todo cambio político en nuestro país tiene que construirse al margen del sistema político y sobre todo de las formas con las que el gobierno enfrenta su quehacer político.
La situación actual en referencia al caso Acteal deja ver de manera clara que la vía jurídica tradicional también se encuentra cerrada, y que los pueblos necesitan crear nuevos métodos de procuración de justicia que sí respeten sus formas culturales, que no sean utilizados como herramientas de control social y que por lo tanto tengan como fin último velar por la dignidad de los pueblos y las personas que pertenecen a ellos.
Si bien no podemos negar la negligencia con la que han actuado las autoridades responsables de la investigación del caso, no debemos dejar de señalar que es parte de esta misma estrategia; que nunca se ha intentado seriamente llevar justicia a ninguna de las partes, ya que la impunidad es el engranaje que mantiene vivo a este Estado podrido.
Ante este panorama nos es clara la necesidad de emprender un nuevo proyecto social nacido desde el pueblo. Quienes ostentan el poder allá arriba ni quieren ni pueden cambiar las cosas, son eslabones de un sistema podrido y se rehúsan a dejar de mantenerlo vivo. No hace falta que se nos cierren más puertas, es claro que detrás de ellas existe un lugar al que no tiene caso entrar: la burocracia estatal plagada de intereses y corrupción. En cambio nos es necesario convertirnos en eslabones de otro sistema que emane de la autoorganización en todos los niveles, desde abajo hacia arriba, a partir de la cual
el pueblo mande y el gobierno obedezca.
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