Primera Asamblea de pueblos, organizaciones y personas en defensa de la tierra y el territorio

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas.

http://cdmch.org

Nota de prensa.

San Cristóbal de las Casas, 23 de novimebre del 2015.

12226951_1517643318558989_5907145592181406225_nHoy lunes 23 de noviembre dio inicio la primera Asamblea del Movimiento en defensa de la tierra y el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir. Nos reunimos en las instalaciones del CIDECI-Unitierra mujeres de diversas regiones de Chiapas (Altos, Norte, Selva, Frontera) para discutir cómo se organizan y luchan en contra de la reforma de privatización del campo, la cual se suma al paquete de reformas estructurales emprendido en 2012 bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La asamblea tiene cuatro objetivos, el primero es profundizar la conciencia en las mujeres sobre los peligros que significan el despojo, privatización y destrucción de la vida en comunidades concretados a partir de las reformas estructurales, como la energética, del campo. El segundo objetivo es trabajar en torno a reconstituir y fortalecer la unidad organizativa en las comunidades a partir de la resistencia contra los peligros apenas mencionados. El tercer objetivo es fortalecer al Movimiento como una forma de articulación diversos de resistencia contra el despojo y la privatización. El último objetivo es crear un plan de trabajo anual que sea consecuentes con las reflexiones y debates realizados estos dos días de asamblea.

El 8 de marzo del presente año se constituyó este Movimiento como respuesta a la exclusión de las mujeres en las decisiones colectivas en los ejidos y comunidades, y al respeto incompleto de los derechos de las mujeres a poseer, usar y usufructar la tierra. En esa fecha se firmó un acuerdo con los principios que rigen al Movimiento. Además se nombró a las y los integrantes de la red de comunicadores Kasesel k’op, quienes han venido formándose desde entonces. Desde el 8 de marzo pasado, se han tenido acercamientos y acompañamientos a otros movimientos a nivel nacional, como la resistencia Yaqui, la Cucapá, el pueblo de Cherán, el Movimiento en defensa de la tierra de Atenco, los pueblos y organizaciones contra las altas tarifas de la luz en la costa, diversos grupos urbanos en contra de la privatización de espacios y bienes comunes.

La convocatoria de la Asamblea que se realiza hoy y mañana surge a partir de la lucha que realizaron las tres hermanas Mirabal en República Dominicana en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por órdenes de ese mismo dictador. Para facilitar el trabajo contamos con la presencia de Carmen García, quien a través de una metodología feminista ayuda a sistematizar el trabajo que se realizará a lo largo del 23 y 24 de noviembre.

La primera actividad del día fue la exposición de una análisis colectivo (Grupo Tierra CESMECA- Centro de derechos de la mujer de Chiapas) en torno a la lucha necesaria contra la reforma estructural al campo, que implica la privatización de la propiedad social. En diciembre del presente año el gobierno federal presentará la propuesta de esta reforma, la cual se complementa recíprocamente con la reforma energética, ya aprobada. Ambas reformas parten de una lógica capitalista neoliberal, la cual mercantiliza a la tierra y al territorio, desgasta el tejido comunitario a través de divisiones instrumentalizadas por conflictos intra e inter comunitarios, programas gubernamentales como el Prospera, despoja a los pueblos originarios de sus bienes naturales y formas comunitarias de vida. La reforma al campo implica la eliminación de los recursos jurídicos que hasta ahora han tenido las comunidades y ejidos, como las autoridades agrarias ejidales o comunales, los reglamentos internos, y la consulta a los pueblos originarios para decidir sobre su territorio. Entre otras cuestiones, se abre la posibilidad de nuevos latifundios a través de la venta o renta de parcela. Los latifundios tendrían una vocación agroindustrial, sin que la producción sea específicamente de alimentos. Las reformas son entendidas y vividas como parte de la lógica de guerra instaurada a nivel mundial, de la cual forman parte el Acuerdo transpacífico (ATP) y las zonas económicas especiales en México. Por todo lo anterior, el análisis concluye que decir no a la privatización de la vida y de la propiedad social es una forma de poner en crisis al capitalismo.

Durante la primera parte de la tarde se realizó un trabajo en mesas, divididas por regiones Altos, Norte-Selva-Palenque, Oriente, y Costa- San Cristóbal). En esas mesas se discutió en torno a las amenazas y problemas en curso relacionados con las reformas estructurales energética y al campo, a la par que se vertieron propuestas para la organización y acción de cara a la reforma estructural al campo. Emanado de ese trabajo se realizó un análisis colectivo, el cual fue sistematizado y devuelto en sesión plenaria vespertina. Se reconoció que la reforma estructural nos provoca miedo, preocupación, desánimo y tristeza, se siente impotencia por los muchos años de lucha que no se refleja en resultados. También se siente enojo ante la falta de conciencia en la población. No obstante todas estas emociones, también se tiene esperanza porque se lucha por la vida, y porque se reconoce que hay un pensamiento generado de forma colectiva.

El diagnóstico que se realizó colectivamente evidencia que se han reactivado proyectos de extracción de minerales, construcción de infraestructura de comunicación (carreteras y autopistas), construcción de represas. También se han generado áreas de exploración e investigación, se ha incentivado el cultivo de maíz híbrido. Todo lo anterior desarrolla y alimenta dinámicas individualistas, que provoca falta de unión en las colectividades (ejidos, comunidades, organizaciones). Es por eso que se reconoce que el sistema capitalista neoliberal está interiorizado dentro de las personas y de las familias.

Actualmente en las comunidades, frente a las reformas estructurales la población muestra incredulidad porque no hay suficiente información, esto se debe en parte a la cooptación de autoridades por parte del gobierno en sus diferentes niveles. Otras situaciones problemáticas son que el proceso de regularización de las tierras se da a través del FANAR; que la palabra de las mujeres no es reconocida; y hay regiones militarizadas y/o con mucha presencia policiaca. La cooptación no sólo se da a nivel de autoridades, también los programas gubernamentales son una forma de hacerlo, dividiendo así a la población rural. Los apoyos que se han aceptado en las comunidades son el Procampo y Concafé, que sólo beneficia a ejidatarios y excluye a las mujeres; los proyectos de la CONAFOR, como cultivos de piñón, cipreses, cedro y eucalipto. Otros programas implican la construcción de obras como tanques de agua y de casa-vivenda. Por último la población históricamente marginada, como mujeres y ancianos, reciben apoyos a través de los programas Prospera y 65 y más.

Los efectos sociales de los programas gubernamentales y de las reformas estructurales, además de la cooptación y división, son que crece en endeudamiento a la par que se genera mayor dependencia entre la población respecto a los programas gubernamentales, y por lo tanto hay un mayor desapego a la tierra como forma de vida; no se pide la participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias, y al mismo tiempo ellas tienen más hijos para poder tener más apoyo a través del programa Prospera; se exacerba el individualismo; y las empresas privadas son las que concentran los apoyos económicos para la producción intensiva del campo, al mismo tiempo que tales empresas se vuelven dueñas de los territorios. Todo lo anterior se refleja en un deterioro en la salud física y emocional de la población campesina e indígena porque no saben qué es lo que va a pasar.

A nivel ambiental, los efectos y afectaciones son: la contaminación de la tierra y el agua, lo cual afecta la vida cotidiana de las familias y genera pérdidas de riquezas naturales; se ha reducido la producción de alimentos, y esto ha hecho que suban sus precios. A futuro, las comunidades no tendremos dónde sembrar, dónde vivir, de qué alimentar a los hijos, y esto generará más consumismo.

En el análisis colectivo, se reconoció que de aprobarse la reforma estructural al campo, será más fácil el despojo de tierra a los campesinos para favorecer a las empresas; la población migrará de forma forzada ante los proyectos extractivistas, como las represas, aumentando así la migración a las ciudades, provocando escasez de viviendas, alimentos empleos y servicios en general; de esta forma, las y los campesinos serán esclavos de las grandes empresas porque ya no tendrán tierra para trabajar.

Todo lo anterior provocaría la pérdida de la identidad que se tiene como pueblos originarios, y la desaparición de autoridades tradicionales, así como de formas colectivas de organización, disminuyendo así las posibilidades de defensa de los derechos colectivos, y perdiéndose el sentido comunitario. En general se vislumbra la desintegración del núcleo familiar, cambios drásticos en los hábitos alimenticios, un aumento en el consumo del alcohol, y una escalada en la violencia social. Ante toda la problemática presente y futura, se reconoció que actualmente ya se realizan acciones, en primer lugar está el hecho de informarse entre comunidades y organizaciones, esto ha implicado analizar diversos problemas, formarse en comunicación y generar información. También se está acudiendo a reuniones para establecer y/o mantener el vínculo con otras luchas y grupos ya organizados. A nivel familiar se realizan siembras orgánicas, utilizando y preservando semillas criollas y abonos orgánicos, y esto implica el consumo de los alimentos autoproducidos. Además se recupera la medicina tradicional. A grandes rasgos se genera un intercambio entre padres, madres, hijos e hijas para transmitir los saberes ancestrales. A nivel comunitario se han realizado diversas acciones: en Chicomuselo se han realizado bloqueos contra las minas, se han detenido a mineros, y se declaró como municipio libre de minería; en San Cristóbal de las Casas se lucha por tarifas justas de luz y agua. En Tila se han convocado a reuniones ejidales para difundir información y organizarse.