“No queremos diálogo con el gobierno, sólo que se vayan de nuestras tierras”: San Sebastián Bachajon, Chiapas.

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Ejidatarios de San Sebastián Bachajón en Chiapas, mantienen la postura de continuar con sus acciones, después de que el pasado nueve de enero al menos 900 elementos de la policía federal y estatal los desalojaran de las tierras recuperadas desde el pasado 21 de diciembre. “Ellos no van a desistir hasta que se retire la fuerza pública de sus tierras, no quieren un diálogo con el gobierno porque es juez y parte en el conflicto y lo ven como el principal elemento de tensión en la zona”, explica el abogado Ricardo Lagunes representante legal de los tzeltales y agrega que para ellos el trabajo ahora es la organización interna, que se ha visto alterada por la violencia infundada por parte del gobierno. “Para ellos es difícil la organización pues se tienen que defender de las agresiones con armamentos de alto calibre usados por la Policía Estatal”.

San Sebastián Bachajón, es uno de los ejidos más grandes de México, con 70 mil hectáreas es una zona de gran biodiversidad y belleza natural, donde los intereses políticos han puesto sus ojos para la inversión turística. Esta tierra es rica en recursos naturales, selva verde, vida silvestre y agua. Las cascadas de Agua Azul, son de los mayores atractivos del estado chiapaneco, en ciertas épocas del año adquieren un tono turquesa que las hace aún más atractivas para el turismo extranjero.

Los ejidatarios tzeltales mantienen un bloqueo intermitente en la carretera Ococingo-Palenque a la altura del cruce de Agua Azul, que inició el pasado 11 de enero a raíz del desalojo por parte de del gobierno del estado y elementos de la fuerza pública tanto estatal como federal, en señal de protesta por la insistencia del estado de querer quedarse con la propiedad de su ejido.

En 2007, los ejidatarios se hicieron parte de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y ejercer su derecho a la libre determinación de su pueblo. Levantaron entonces una caseta de cobro en su territorio, con el fin de que los turistas que quisieran visitar las cascadas de Agua Azul pagaran una cuota de recuperación. Con el dinero recaudado, decidieron en asamblea, que se apoyaría a los ejidatarios enfermos y a las familias más necesitadas, explica la periodista Gloría Muñoz en su columna de opinión en el diario La Jornada.

En marzo del 2011, Juan Sabines Guerrero, ex gobernador de Chiapas pone en la mesa a los representantes del ejido Bachajón ; los de la zona de Agua Azul y a todo su gabinete de gobierno y suscriben el convenio 274 donde los dos pueblos se comprometían a donarle al estado esas tierras para colocar una caseta única de cobro, “el estado administraría la carretera por medio de la Secretaría de Hacienda de Chiapas y la Comisión de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal, cuando la superficie de la zona de Agua Azul ni siquiera está dentro de esta categoría”, explica el abogado.

En un juicio de amparo impuesto por los indígenas, impugnaron el convenio firmado en el 2011. “Yo creo que los ejidatarios tienen un 95 por ciento de probabilidades de obtener una sentencia que protege sus derechos colectivos, estamos a la espera de esta sentencia porque el Tercer Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez envió en noviembre del año pasado el expediente a la Suprema Corte de Justicia exponiendo motivos de suma relevancia del caso para que esta instancia lo resuelva y pueda desarrollar un contenido sobre los derechos de los pueblos indígenas”, manifiesta el abogado Lagunes y añade que son temas que nunca ha querido tocar la Corte, aun cuando han llegado casos tan relevantes como el de la Tribu Yaqui en Sonora, quienes llevan una lucha contra el Acueducto Independencia que represará un río sagrado para ellos.

La Corte, denuncia el representante legal de los ejidatarios chiapanecos, se ha quedado en el tema de la consulta pero nunca han abordado temas como la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y quieren obligarlos a sujetarse a una figura del Estado, “los pueblos indígenas de México, según las leyes del gobierno, no tienen derecho a que se les respete como tal , además encuadrase a cualquier figura política y no reconocer de forma clara y precisa sus derechos como pueblos nativos”, refiere Ricardo Lagunes.

La Suprema Corte devolvió el expediente a Tuxtla Gutiérrez, para el abogado no es coincidencia que la ministra que lleva el caso, la chiapaneca Luna Ramos, sea una de las más conservadoras y la decisión de regresar el expediente sea más por razones políticas que jurídicas.

Derivado del amparo, el Tercer Tribunal les ordenó a todas las autoridades del gobierno de Chiapas que no continuaran con los actos de despojo, la decisión de recuperar las tierras el pasado 21 de diciembre se debe en parte al sustento jurídico que les da el avance del juzgado en materia de sus derechos, “para los ejidatarios tzeltales los argumentos jurídicos a su favor les dan aún más el derecho para continuar reivindicando su lucha y recuperar de sus tierras”, sentencia el abogado Lagunes.

Ayer doce de enero alrededor de 160 elementos de la Policía Estatal llegaron a la comunidad de Xanil, que está a unos cinco kilómetros de distancia del cruce de Agua Azul, esta comunidad se distingue por tener una alta presencia de grupos simpatizantes con el actual gobierno, ahí al igual que en Pamala, a la misma distancia pero en dirección a Palenque, se están organizando grupos de personas en dirección a las tierras en conflicto donde hay presencia de la policía estatal, según explica el abogado, son para reforzar a los elementos de la fuerza pública en un posible desalojo.

En la carretera que lleva a Ococingo en dirección a las cascadas de Agua Azul también hay un grupo de personas que simulan un bloqueo para presionar al gobierno que atienda su demanda de desalojo de los ejidatarios de Bachajon, “para los ejidatarios es claro que es el mismo gobierno, pues es el más interesado en despojarlos de sus tierras para por fin ejercer poder sobre estas”, denuncia Ricardo Lagunes, representante legal de los indígenas.

El ambiente que se vive actualmente en esta zona es de tensión, continuamente hay presencia de la policía y helicópteros, los indígenas están seguros que en cualquier momentos se efectué un desalojo, ante esto en el lugar del bloqueo permanece una brigada de internacionalistas que acompañan a los indígenas ante cualquier violación a sus derechos.

La exigencia de los pobladores de Bachajon es que el estado y sus elementos de seguridad se retiren inmediatamente de sus tierras y que el comisariado se comprometa a no entregar esas tierras al gobierno, además que el ingreso económico de la zona de Agua Azul sea administrada por el propio ejido y no por alguna estancia gubernamental, que esta sea transparente y siempre en beneficio de la comunidad, manifiesta Lagunes .

“Hay que saber que los tiempos jurídicos no van de la mano con los sociales, pero quizá el próximo mes haya una resolución de fondo sobre el amparo y de las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado en los desalojos, ellos continuaran en su lucha agotando todas las vías legales y políticas”, finaliza el abogado Ricardo Lagunes .

De: Desinformémonos